El informe elaborado por el Comité de Expertos sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que ayer dio a conocer el Ministerio de Igualdad recoge gran parte de los puntos clave y plazos de la propuesta que el Grupo de Opinión del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona (OBD), ubicado en el Parc Científic Barcelona, presentó el pasado mes de abril en un documento disponible on line en la web del OBD.

Con esta propuesta, el OBD pretendía intervenir en el debate social y proponer la modificación de la actual ley del aborto, según explica María Casado –directora del OBD y titular de la Cátedra UNESCO de Bioética de la UB– para «poner fin a la actual situación de inseguridad jurídica derivada de la aplicación distorsionada que se efectúa de la legislación vigente, que está desfasada con la realidad social».

En este documento, el OBD plateaba que se respetara la autonomía de las mujeres y su capacidad de decisión en este ámbito, que el IVE fuera considerado y tratado como un acto sanitario más, y que las condiciones para llevarlo a cabo fueran claras y accesibles mediante el establecimiento de una nueva ley que estableciera unos plazos para llevarlo a cabo, tal y como sucede en la mayor parte de los países de la Unión Europea.

De acuerdo con estas consideraciones, el OBD proponía que se pudiera abortar libremente durante las primeras catorce semanas de gestación–que es exactamente el plazo fijado por el Comité de Expertos que ha elaborado el informe para el Ministerio–; así como la posibilidad de alargar este plazo hasta las veintidós semanas en el caso de riesgo para la salud física o psíquica de la embarazada o la detección de malformaciones del feto, dos indicaciones y un plazo que los expertos del citado Comité recogen en sus conclusiones.

Asimismo, el documento del OBD sugería que las jóvenes mayores de 16 años puedan abortar sin la necesidad de contar con la autorización de sus padres o tutores, siempre que se confirme su madurez para tomar esa decisión, una consideración que el Comité de Expertos también incluye en sus conclusiones. Según el Informe del Ministerio, este cambio normativo tendría que ir acompañado de políticas de educación sexual y reproductiva que incluyan medidas para facilitar el acceso real a los métodos anticonceptivos –teniendo especialmente en cuenta a los grupos de población más vulnerables– tal y como indicaba el documento del OBD.

El Grupo de Opinión del Observatorio de Bioética y Derecho de la UB, ubicado en el Parc Científic de Barcelona, se creó en 1996 para dar respuesta a la necesidad de analizar desde un punto de vista científico y pluridisciplinar las implicaciones éticas, sociales y jurídicas de las biotecnologías, así como los problemas biomédicos que derivan de la disparidad de convicciones y opiniones, y, con ello, fundamentar los argumentos y orientar los debates que permitan proponer actuaciones concretas. Con este objetivo, el Grupo de Opinión del Observatorio de Bioética y Derecho ha elaborado ya diversos Documentos sobre temas de actualidad en los cuales no existe una opinión unánime en la sociedad ni en las diversas comunidades científicas implicadas, cosa que requiere identificar los problemas, contrastar los argumentos y proponer recomendaciones de consenso.