A principios del mes de abril se aprobó la Ley 1/2025 para afrontar las pérdidas y el malbaratamiento alimentario. Los objetivos principales son disminuir las pérdidas alimentarias, promover la economía circular, fomentar la donación y redistribución garantizando la seguridad y facilitar la cuantificación del malbaratamiento.

Las pérdidas y rechazo de alimentos están presentes en todas las etapas del ciclo: previsión inadecuada de la producción, recolección y manipulación inapropiadas, deficiencias en las condiciones de almacenamiento, en la distribución o en la etapa de venta minorista. Hay malas praxis en los servicios de alimentación y restauración y también comportamiento inapropiado de las personas consumidoras.

Una norma legal por si misma no puede afrontar todas las ineficiencias del sistema, por esto es necesaria la sensibilización y participación activa de todos los agentes. Nosotros, como consumidores finales, influimos durante la compra, la preparación, el consumo y el rechazo de alimentos.

Las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras tienen impactos ambientales directos y, al mismo tiempo, malversar alimentos supone un ataque esencial a la justicia social y a las actividades económicas. Las leyes ayudan a tomar conciencia del problema, pero debemos tener claro que nosotros tenemos un papel activo. Seamos responsables con los alimentos.

Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el malbaratamiento alimentario.